Acuerdos de refinanciación. La mejor vacuna contra la insolvencia

Las medidas de contención adoptadas para hacer frente a la emergencia sanitaria que padecemos están generando, como consecuencia inmediata en el plano económico, dificultades de liquidez en el tejido empresarial derivadas de la reducción de la actividad económica, especialmente pronunciada en los sectores afectados por las restricciones de apertura al público. En muchos casos, estas tensiones de liquidez se ven acentuadas por la dilatación en el tiempo de la situación, lo que dará paso a escenarios de insolvencia si las empresas no adoptan desde ya medidas concretas para prevenirla.

 La insolvencia es la imposibilidad de hacer frente regularmente a los pagos. Obviamente, si no se ponen soluciones, esta circunstancia acabará produciéndose en multitud de empresas, al no haberse generado, como consecuencia del descenso de sus ventas, recursos suficientes para atender los compromisos asumidos (deudas con proveedores, préstamos, cuotas de arrendamiento, etc).

 A pesar de que actualmente la obligación de presentación del concurso, así como la posibilidad de declaración del concurso necesario, ha quedado suspendida hasta el 31 de diciembre de 2020, ello no exime a las empresas del deber de implementar las medidas oportunas con el fin de preservar la viabilidad de la compañía. Y entre ellas, cobran especial trascendencia aquellas dirigidas a reorganizar los compromisos de pago para ser capaz de atenderlos puntualmente, evitando así incurrir en situaciones de insolvencia, impagos y reclamaciones.

 En efecto, el carácter transitorio de la crisis económica derivada de la pandemia aconsejan más que nunca instaurar en las relaciones empresariales una política de acuerdos, a través de la renegociación de las deudas, que permitan aliviar la situación actual de las empresas y garantizar su viabilidad, evitando la destrucción de tejido productivo. Según el informe del Banco de España recientemente publicado sobre el impacto de la crisis sanitaria en la economía, la crisis económica tendrá un carácter coyuntural, esperándose un repunte a partir del segundo semestre que dará pie a una recuperación notable en 2021. Por lo tanto, lo que necesitan las empresas es, simplemente, un cierto margen para recomponerse de las nefastas consecuencias producidas por la crisis sanitaria.

 En este sentido, es fundamental que las empresas con dificultades actuales o futuras para hacer frente a los pagos habiliten cuanto antes vías de renegociación de sus deudas con los diferentes acreedores con la finalidad de conseguir acuerdos que permitan redistribuir la carga obligacional y desahogar su situación económico – financiera. Solo de esta forma se podrá garantizar la supervivencia de las empresas más golpeadas por la crisis sanitaría.

 Para ello, existen dos alternativas: (i) acudir individualmente a cada uno de los acreedores tratando de negociar las condiciones de la deuda o (ii) abordar una negociación conjunta, reuniendo a todos ellos en el marco de los acuerdos de refinanciación o reestructuración de deuda previstos en la Ley Concursal.

Los acuerdos de refinanciación constituyen un mecanismo de lucha contra la insolvencia que permite encarar las conversaciones con los acreedores de una forma ordenada y eficaz, proporcionando una serie de garantías para el buen desarrollo y fin de las negociaciones.

 Con carácter general, la simple comunicación al juzgado del inicio de las negociaciones con los acreedores orientadas a alcanzar un acuerdo de refinanciación de la deuda, lo que se conoce como “5 bis” o “preconcurso”, dispensa al deudor de su obligación de presentar el concurso durante un plazo que, en la práctica, alcanza los cuatro meses. Ciertamente, este efecto ha quedado superado temporalmente por la suspensión de la obligación de presentación del concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Pero, en cualquier caso, el nuevo régimen cumple con la misma finalidad: conceder al deudor un espacio de tiempo para que pueda revertir su estado de insolvencia adoptando las medidas necesarias para ello, entre otras, la refinanciación de su deuda.

 La posibilidad de cursar esta comunicación no se limita a las situaciones de insolvencia actual, sino que en muchas ocasiones será aconsejable acogerse a este mecanismo y beneficiarse de sus efectos con el fin de prevenir un escenario de insolvencia futura.

 Para no afectar a la imagen de solvencia de cara a terceros, esta comunicación y el transcurso de las negociaciones podrá tener un carácter reservado si así se solicita.

 Efectuada la comunicación del “preconcurso-, el patrimonio y bienes de la empresa esenciales para la continuidad de la actividad quedan protegidos frente a embargos judiciales y extrajudiciales durante un plazo de cuatro meses. Hay que tener en cuenta que hasta el día 31 de diciembre de 2020 ha quedado suspendida la declaración del concurso, pero no el inicio o continuación de ejecuciones judiciales o extrajudiciales frente a los bienes del deudor. Pues bien, en la práctica, puede plantearse una concepción amplia de esos bienes necesarios ya que todos los bienes de una empresa, en mayor o menor medida, son necesarios para continuar con la actividad o para garantizar el éxito de las negociaciones (estamos hablando de inmuebles, maquinaria o vehículos, pero también, por ejemplo, de dinero en cuentas)-

 Por lo que respecta a la renegociación de las deudas con los acreedores, el procedimiento para alcanzar acuerdos de refinanciación permite dar una solución global a la situación de la empresa, al poder arrastrar a todos los acreedores al contenido del acuerdo siempre que concurran determinadas mayorías. Es decir, incluso los acreedores discrepantes quedarán sometidos al acuerdo de refinanciación si este alcanza el apoyo de determinadas mayorías establecidas en función de sus términos.

 Como podemos observar, los acuerdos de refinanciación constituyen una herramienta útil y efectiva que favorece la renegociación de las condiciones de las deudas. En el contexto de crisis de liquidez que afecta a las empresas, la reestructuración de deudas va a ser un elemento decisivo para garantizar la supervivencia de muchas compañias, por lo que deben promoverse e impulsarse las figuras que la ley pone a nuestra disposición para potenciar esta clase de acuerdos, aprovechando el espacio de protección concedido hasta el 31 de diciembre de 2020.

 Sin duda, ello exigirá el esfuerzo de todas las partes implicadas, deudores, acreedores y también asesores, pero es la única alternativa a una destrucción masiva de empresas que derive en una crisis económica más intensa y persistente.

 En caso de que necesites ordenar tus compromisos de pago, nuestros profesionales especializados en crisis empresariales diseñarán la mejor fórmula para afrontar las negociaciones con tus acreedores, guiándote durante todo el proceso de refinanciación de tus deudas.

Borja Domingo

Asociado. Crisis y Conflictos Empresariales