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16/12/2014

"¡Derecho a que me dejen en paz!"

No lo decimos nosotros, nos lo ha dicho hoy mismo un cliente en la oficina: “¡quiero ejercer mi derecho a que me dejen en paz!”

Esa frase de nuestro cliente nos ha traído a la memoria el clásico "the right to be let alone", que acuñaron a finales de Siglo XIX Samuel Warren y Louis Brandeis y, como una cosa siempre lleva a la otra y la otra al Blog, nos hemos animado a escribir sobre lo que supone el denominado Derecho al Olvido consagrado en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de Mayo de 2014 (la llamaremos Sentencia TJUE) y, especialmente, cómo, cuándo y para qué puede ejercitarse.

Primera aproximación práctica antes de entrar en materia: ¡por fin podremos hacer desaparecer de los resultados de búsqueda de Google esa información que da lugar a preguntas incómodas en reuniones con clientes, proveedores, inversores o, incluso - ¡qué situación más embarazosa! –, en una entrevista de trabajo!

Todavía recordamos una situación terrible en un Foro de Inversión en el que un Inversor que había hecho los deberes tirando de Google lanzó una pregunta “inoportuna” sobre su pasado al emprendedor que había presentado su empresa y aquello acabó en catástrofe…

 

Pero… ¿En qué consiste el Derecho al Olvido?

Fundamentalmente, tras la Sentencia del TJUE, se legitima a cualquier persona para exigir a Google la eliminación de los enlaces que contengan información relativa a su persona de los resultados de búsqueda arrojados con su nombre.

En este punto, tenemos que hacer la primera aclaración: no se trata de eliminar en general la información de Internet, puesto que ésta seguirá siendo accesible con otros criterios de búsqueda. Pero, al menos, si ejercitamos el derecho, la información con nuestro nombre que viva en Internet y que no queramos que aparezca en la búsqueda de Google no aparecerá en los resultados de las búsquedas realizadas con nuestro nombre (que es la forma más habitual, con diferencia, en la que la información personal comprometida puede aparecer).

En fin, que el Inversor espabilado que hizo sus deberes buscando en Google el nombre del pobre emprendedor no hubiera encontrado nada sobre su “pasado oscuro”.

Si, además, queremos eliminar de forma definitiva nuestra información de Internet, no valdrá con ejercitar el Derecho al Olvido frente a Google, sino también frente a la fuente que hubiera publicado la información que se pretende eliminar. No obstante, esto no es ninguna novedad, ya que este derecho, aunque quizás era menos popular, existía y no era controvertido antes de la Sentencia del TJUE.

Por tanto, lo innovador, la disrupción que ha introducido la Sentencia del TJUE es la capacidad de las personas de solicitar directamente al buscador que desindexe el contenido sobre la persona, de modo que, con independencia de la/s fuente/s en la/s que esté el contenido, éste no aparecerá en las búsquedas en Google realizadascon criterios de búsqueda relacionados con el nombre de la persona en cuestión.

 

Y… ¿Cómo puedo ejercitar mi derecho?

Realmente, el ejercicio del llamado Derecho al Olvido no es más que el tradicional ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento de datos de carácter personal y/o de cancelación de los mismos que toda persona ostenta frente al responsable del tratamiento de sus datos personales. Derechos que siempre han estado ahí, en los artículos 6.4 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La archiconocida LOPD.

El ejercicio, a nivel básico, es muy sencillo. Simplemente hay que solicitar al buscador – o a la fuente, si queremos que nuestra información no esté en Internet – la desindexación de uno o varios contenidos sobre ti en Internet. De hecho, Google, el buscador más popular, ha habilitado en su Web un Formulario denominado “Solicitud de retirada de resultados de búsqueda en virtud de la normativa de protección de datos europea” para que toda persona pueda ejercitar su Derecho al Olvido indicando la/s Web/s con contenidos sobre ti que no quieres que Google indexe. Es decir, que aparezcan en los resultados de Google en las búsquedas con tu nombre.

Para finalizar el formulario, Google te pide simplemente una copia del DNI para acreditar la identidad del solicitante. Y el proceso habrá terminado.

Así de sencillo.

Es más, por si no quieres perder el tiempo en completar el formulario, Google permite que otras personas lo pueden hacer por ti. De hecho, Google en su formulario pone dos ejemplos muy gráficos – “padre” y “abogado” – para explicar que es necesario plasmar la relación que quien formula la solicitud tiene con el solicitante.

 

Alguno de vosotros se preguntará… ¿Esto tiene truco?

Pues, efectivamente, lo tiene. Los derechos de oposición y/o cancelación – basados en derechos más amplios como la privacidad y la intimidad – no son absolutos y tienen su límite en un término jurídico tan tañido como indeterminado: el interés legítimo del propio buscador o de cualquier otro interesado (como, por ejemplo, el público en general). Es más, incluso se acude a un derecho tan genérico como la Libertad de Expresión para limitar el Derecho al Olvido. Es decir, Google puede negarse a desindexar un contenido tras la solicitud de una persona.

Suponemos que os hemos dejado igual que antes del párrafo anterior, porque… ¿Qué significa “interés legítimo”? ¿Cómo se concreta?

Aquí se encuentra el problema. La Sentencia del TJUE entiende que han de desindexarse aquellos datos respecto a los cuales el derecho a la intimidad y/o la privacidad imperan frente al interés general. Y, por tanto, aquellos que sean impertinentes o excesivos, especialmente, desde el punto de vista de los fines para los que fueron publicados y del tiempo que haya trascurrido. Como, nuevamente, esos conceptos son ciertamente indeterminados, la Sentencia del TJUE delega en los Estados Miembros la concreción en cada país de los criterios de desindexación. O, visto desde el otro lado, la concreción de las causas por las que el buscador podrá negarse a desindexar contenidos de una persona que lo solicita.

Por tanto, cada Estado debe ahora regular el funcionamiento – y, por tanto, sus límites – del Derecho al Olvido en su territorio. En ese sentido, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 publicó el 26 de noviembre de 2014 unas Indicaciones para la implementación de la Sentencia del TJUE por cada autoridad nacional de protección de datos. Estos criterios los podréis encontrar en inglés en la página de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Pero no dejan de ser meras indicaciones.

Los buscadores aún no han hecho públicos sus criterios de desindexación y en España tampoco se ha procedido a regular los criterios, si bien, atendiendo a las conclusiones del Grupo de Trabajo del Artículo 29, publicadas por nuestra AEPD, es muy probable que las autoridades nacionales sean más proclives a ordenar la desindexación de:

(i)                  información personal, frente a profesional;

(ii)                información de una persona anónima frente a información de un cargo público,

(iii)               información antigua frente a información más actual; o

(iv)              información acerca de faltas o delitos menores frente a delitos graves.

Como podréis ver, aunque se ha hablado y escrito mucho, el asunto está todavía “en pañales”. Google ya ha activado el procedimiento para solicitar la desindexación de contenidos, pero podrá negarse a aceptar la solicitud que realices si entiende que existe un interés legítimo, tanto del propio buscador como del público general.

Como dato concluyente, sin ánimo de ser agoreros, los datos dicen que Google solo ha eliminado un tercio de las solicitudes de eliminación de contenidos.

 

Y entonces… ¿Qué podemos hacer si Google se niega a desindexar nuestro contenido?

Pues solo habrá dos opciones: (i) denunciar a Google ante la AEPD y/o (ii) demandar a Google reclamando los daños y perjuicios causados por el mantenimiento del contenido cuya desindexación se solicitó.

En el primer caso, la AEPD deberá dictar una resolución en el plazo de seis meses. Si no lo hace en ese plazo, el silencio será positivo. Es decir, se entenderá estimada la reclamación. Si, en cambio, la AEPD desestima tus alegaciones, no te quedará otra opción que formular un Recurso Contencioso-Administrativo ya ante la Audiencia Nacional.

En el segundo caso, no os preocupéis, no tenemos que ir a Mountain View, ni siquiera a Dublín, para demandar a Google. Lo podréis hacer en España, reclamando los daños y perjuicios que la indexación de los contenidos os haya causado siempre, claro, que estos sean ciertos, efectivos y económicamente evaluables. Os adelantamos que acreditar ante un Juzgado la existencia de daños de esa naturaleza no es tarea sencilla.

Ahora bien, el éxito de ambas acciones (denuncia y demanda) no está, ni mucho menos, garantizado y dependerá del tipo de datos que quieres se eliminen, de la sensibilidad de los mismos, de su importancia, de su gravedad, del tiempo que haya pasado desde que se publicaron, de la existencia de un daño real y de un largo etc. de conceptos, algunos, poco objetivables. En definitiva, si tu derecho a la intimidad y la privacidad está por encima del interés general.

Por tanto, aunque, para completar el formulario, no es necesario estar asesorado, si el buscador rechaza la desindexación de los contenidos que queréis borrar, os recomendamos que, como en todo procedimiento administrativo y/o judicial, antes de dar ningún paso, tratéis el asunto con un abogado experto en derecho de internet y, especialmente, en el ámbito de la privacidad, os asesoréis y, solo en base a la recomendación de vuestro letrado, toméis la decisión de demandar al buscador.

Ahora bien, para subir el ánimo después de este pequeño jarro de agua fría, os informamos de que en España ya existe una Sentencia favorable a una persona que ha solicitado frente a, entre otros, Google, Yahoo y Telefónica (por Terra), la desindexación de uno de sus contenidos.

Os dejamos aquí el link al análisis de la Sentencia en Legal Today, pero veréis que es un asunto grave – un indulto relativo a un delito contra la salud pública – y el tiempo transcurrido es importante – indulto de 1999 respecto a un delito de 1981 –, de modo que parece un asunto bastante estereotípico y habrá que seguir analizado la Jurisprudencia para los supuestos menos dramáticos.

Nosotros en ello estamos. Analizando si podemos conseguir que nuestro cliente pueda ejercitar, como nos pedía hoy, su “derecho a que le dejen en paz”.